Indigendencia.
Ilustración.
70 x 64 cm.
Lapiz Digital.
Color RGB.
PSD / CS5.
Este ha sido uno de los fenómenos sociales y políticos más arduos y
lamentables para la historia reciente del país. Este conflicto reúne a todos
los agentes armados y todos los espectros políticos posibles cuyas soluciones
parecen distar mucho de lo probable. Empezando por el histórico abandono estatal
en un territorio que es una literal zona de guerra, cuyas víctimas más notables
son los civiles y los indígenas. Por un lado los civiles reclaman mayor
presencia militar del estado hasta tal punto de que los puestos de control del
ejército estén en mediación de los cascos urbanos. Por otro lado los indígenas
en defensa de la autonomía de sus territorios, no quieren a ningún miembro del
conflicto armado en sus tierras, caseríos ni resguardos. Pero tanto los
indígenas como los civiles tienen algo en común, y es que están en la mitad de
un conflicto que no escogieron librar. Hay razones para pensar estratégicamente
la continuidad de este conflicto en esta región del país. Por un lado las
operaciones de las FARC se concentran en la cordillera oriental del país siendo
la columna Jacobo Arenas la más antigua de la organización además de la mayoría
de las rutas del narcotráfico que son el fortín económico tanto de la guerrilla
como de los paramilitares, sin contar con las rutas de acceso marítimo al
pacífico. Por otro lado las operaciones militares en la zona deben mitigar las
acciones de la guerrilla dominando las laderas de la cordillera, no solo desde las bases en tierra sino
también el control aéreo de la zona así como los puntos de las torres de
control.
Tenemos otro problema y es que
según lo establecido en la constitución más
propiamente el artículo 330 de la constitución: “De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios
indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los
usos y costumbres de sus comunidades” eso significa que si alguien ajeno a
estas comunidades emprende algún proyecto de emplazamiento, explotación e invasión
deberá consultar con tales comunidades según lo indica la ley. El papel lo
soporta todo y la realidad nos dice todo lo contrario, según el parágrafo 12 de
tal artículo “Deben diseñar las políticas
y los planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su
territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo”. Hago esta humilde
pregunta: Si el Plan Nacional de Desarrollo precisa por así decirlo en uno de
sus tantos proyectos -pasar por encima de las autoridades indígenas-, y la ley expresa que estas deben hacer caso
del plan nacional de desarrollo. ¿A quién van a
recurrir si defenderse parece anticonstitucional?
No es una pregunta que se haga al azar, es una pregunta que hay que
hacérsela a las empresas multinacionales que de alguna u otra forma logran
licitaciones sin que midan su impacto de explotación frente a estas comunidades
pero que de alguna forma hacen parte de eso que se llama Plan Nacional de
desarrollo o las locomotoras del gobierno. ¿Ahora bien cuál es la relación de
la guerrilla y los paramilitares en todo esto? Podrían lanzarse varias hipótesis:
La infiltración de la guerrilla en las comunidades indígenas los haría ver como
escudos humanos frente a las retaliaciones del ejército o las Águilas Negras
aprovechando la condición desfavorable del abandono estatal. El accionar de los
paramilitares que no son más que milicias paralelas al estado haría más dramática
esta situación cuando de empresas multinacionales
se trata ya que según el informe del periódico El Espectador del año 2008 “Entre las empresas encausadas se encuentran
Nestlé (Suiza); Coca Cola, Chiquita Brands, Drummond y Monsanto (Estados
Unidos); la Anglo Gold Ashanti (República de Suráfrica); British Petroleum
(Reino Unido); y las españolas Repsol YPF, Unión Fenosa, Endesa, Canal de
Isabel II, Aguas de Barcelona y Telefónica”. Para colmo de males según lo
indica el mismo periódico “Sobre ellas
pesan cargos como el desplazamiento forzado de comunidades, vínculos con
paramilitares responsables de asesinatos y masacres de sindicalistas,
contaminación ambiental, violación de las patentes y de la soberanía
territorial y energética de Colombia”. Estas declaraciones hicieron parte de
la rueda de prensa del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), encabezado por
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz de 1980 en una rueda de prensa en
Bogotá.
Queda claro entonces cual es el accionar de estos movimientos, solo basta
con tildar a la población como auxiliadores de la guerrilla para que se
justifique su atropello y vulneración de derechos humanos. La pregunta que hay
que hacer es ¿Qué soluciones hay que darle a este conflicto? Hasta ahora ninguna
respuesta ha favorecido de manera radical al departamento ya que se sobre
entiende como “ayuda” la presencia militar en la zona, también faltan
hospitales, escuelas, carreteras, comercio, asistencia humanitaria, empleo pero
sobre todo comunicación entre el gobierno y las autoridades indígenas para
establecer acuerdos a favor de las comunidades tanto civiles como indígenas.
El papel de los medios fue fundamental para dividir la opinión pública y
es que era inevitable con una bomba mediática como esta sin una revisión histórica
de los fenómenos acaecidos, y solamente basado en señalamientos que trataban de
encontrar culpables, cuando los culpables a la hora de la verdad somos los
Colombianos que con una actitud pasiva ni siquiera sabemos que es lo que
acontece y no asumimos nuestro lugar en la solución de un conflicto que puede
extenderse otros 50 años.
Judicial. Denuncian presuntos nexos entre paramilitares y multinacionales.
El Espectador. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-denuncian-presuntos-vinculos-entre-multinacionales-y-paras
23 de Julio de 2008.
